lunes, 12 de mayo de 2014

El desafío del Estado bilingüe para una verdadera inclusión social

Escribe: Fernando Eslava (@topopitt)

El estado y su grave problema de comunicación y exclusión social con 20% de peruanos

En Abancay, provincia de la sierra sur del Perú donde muchas personas hablan quechua, Jacinta va a atenderse al nuevo hospital que ha construido el gobierno; sin embargo, cuando ingresa al consultorio del médico se da con el problema que el galeno solo habla castellano y Jacinta no puedo comunicarle el mal que le aqueja. Este caso sucede en muchas localidades del Perú y trae consecuencias nefastas como no poder beneficiarse con las obras públicas y acceso a salud de calidad. En otras palabras se genera la tristemente célebre exclusión social. ¿Cómo se sintió Jacinta al ser expuesta al idioma español que no es su lengua materna sin ningún proceso de adaptación? El Estado no ha diseñado un plan de adaptación para dicha situación y, lo que es peor aún, difiere con la misma Constitución que reconoce al Quechua como lengua oficial en las zonas donde predomine.

Es el desinterés histórico del Estado hacia este sector de la población genera que el acceso de pobladores indígenas a servicios básicos (educación, justicia, salud, seguridad, etc.) en su lengua de origen presente muchas trabas para su correcta puesta en marcha. Pero, lejos de prejuicios sobre la real utilidad del Quechua o Aimara, sus hablantes son ciudadanos peruanos y tienen el total derecho que el Estado garantice su acceso a los servicios básicos mencionados en su idioma natal lo más pronto posible ya que tiene una reivindicación cultural y social con los pobladores indígenas.

Es obligación del Estado respetar las lenguas oficiales y a la población que no habla español (20%). Esto está contemplado en la Constitución Política del Perú donde se reconoce a los idiomas quechua, aimara y demás lenguas indígenas como idiomas oficiales del país. Pero, ¿desde cuándo el Estado reconoce estos idiomas como oficiales? El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, en 1975, promulgó el decreto de ley N°21156 en el que se establece al idioma quechua como oficial de la República. Esta ley señala que el quechua debe ser una fuente de igualdad entre todos los peruanos y el Estado se compromete a la obligación de garantizar la inclusión del idioma en las mallas curriculares escolares para darle validez al quechua.

La lengua aimara y las demás lenguas aborígenes son reconocidas oficiales en el 2003, cuando el gobierno de Alejandro Toledo promulgó el decreto de ley N°28106 con el objetivo de reconocer como idiomas oficiales, en las zonas donde predominan, las lenguas aborígenes consideradas en el Mapa de patrimonio lingüístico y cultural del Perú, familias lingüísticas y lenguas peruanas. De esta manera, podemos comprobar la legitimidad de estas lenguas, las cuales además son respaldadas en la Constitución de 1993 vigente en el Perú, la cual, indica que ‘‘Son idiomas oficiales el castellano y, en zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y demás lenguas aborígenes, según la ley’’ (República del Perú 1993: Art. 48)

Todos los peruanos tenemos derecho a acceder a los servicios que brinda el Estado peruano, tales como educación gratuita, salud y justicia. En consecuencia, estos servicios deben estar exentos de cualquier tipo de exclusión, discriminación y garantizar que los ciudadanos que no hablan castellano puedan acceder a dichos servicios en su lengua de origen, respetándose su cultura y sus costumbres.Por esta razón, considero que la educación gratuita debe ser bilingüe en los lugares donde predomina el quechua, aimara o lenguas aborígenes. ¿Pero, qué sucede cuando no existe educación bilingüe en colegio de comunidades que no habla castellano? Los alumnos sienten que lo que le enseñan lo le sirve, no pueden aplicarlo en su realidad y el nivel de comprensión es bajo. Quizá este puede ser un factor que lleva a la educación peruana al sótano del ocaso.

Naturalmente, todos los peruanos tienen derecho a acceder a servicios de salud del Estado, que éste trate las enfermedades de los ciudadanos, les brinde información preventiva y asista en casos de accidentes. ¿Pero, cómo pueden comunicar los médicos y expertos en salud en un idioma diferente al de la mayoría de la población en ciertas localidades?

En efecto, la justicia hace acatar los derechos de las personas y todos tenemos derecho a denunciar y ser defendidos, ¿pero, cómo la población indígena puede acceder a justicia si los jueces, magistrados y los fallos se emiten en castellano?

La Carta Magna señala que la educación es gratuita y que el Estado fomenta la educación bilingüe e intercultural. Un claro ejemplo de que el Estado tiene las bases legales y la obligación de garantizar que los pobladores indígenas puedan acceder a los servicios básicos (educación, justicia, salud, seguridad, etc.) en su lengua de origen. Esta idea es respaldada en el artículo 17 de la Constitución, presentada a continuación:

La educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de su educación. Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa y en favor de quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y cooperativa. El Estado promueve la creación de centrales de educación donde la población los requiera. El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo, fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional. (República del Perú 1993: Art. 17)

¿Pero, cómo se va a lograr integración nacional si el Estado no vigila el cumplimiento de esta ley? En otros términos, el 20% de los peruanos hablan lenguas diferentes al castellano; sin embargo, los médicos de hospitales rurales, profesores y magistrados realizan su trabajo en zonas de lenguas indígenas en idioma español. Lo cual es indignante y contradictorio con los decretos de ley presentados en este texto y en los artículos de la Constitución citados en líneas anteriores. En el Perú existen 7 millones de peruanos, distribuidos en todo el país, que no hablan idioma español; no obstante, el Estado no tiene presencia mayoritaria con lenguas indígenas en los lugares donde éstas predominan.

En los últimos años se han construido hospitales, comisarías y juzgados en lugares donde hablan lenguas indígenas; a pesar de ello, el personal que ahí labora no siempre habla el idioma de la población atendida, ¿acaso así es más fácil la comunicación?, ¿cómo un quechua hablante va a entender a un médico que le habla en castellano?, ¿esta es la verdadera gran transformación e inclusión social que queremos para el Perú?

Existen muchos casos publicados en prensa sobre grandes hospitales, colegios y juzgados construidos por el Estado, pero donde los pobladores no pueden acceder porque los que atienden hablan castellano. Algunos gobiernos regionales han manifestado su malestar, como es el caso de la región Lambayeque en donde el Estado no garantiza que los pobladores indígenas puedan acceder a los servicios básicos mencionados en su lengua de origen. En la región Lambayeque, según resultados del Censo del año 2007, el 2.2% de su población es quechua hablante. Si se ve este dato respecto al servicio de médicos que no hablan quechua veremos una brecha muy alta, surgiendo aquí graves problemas de comunicación, que ponen en riesgo a la población atendida. (Gobierno Regional de Lambayeque 2011:18)

Como veremos más adelante, el Estado históricamente ha mantenido latente este grave problema de comunicación con los indígenas que hablan quechua, aimara o lenguas aborígenes, que representan en la actualidad el 20% de la población. En consecuencia, el Estado tiene pendiente una reivindicación cultural y social con los pobladores indígenas. Para solucionar esto, el gobierno debe enviar a los lugares donde no predomina el castellano profesionales que hablen el mismo idioma que la población. Asimismo, rescatar los beneficios lingüísticos y culturales de estas lenguas y su aporte para la humanidad.

En los últimos años, el Estado ha intentado castellanizar la sierra y selva del Perú atacando la diversidad lingüística que poseemos. El estado fue por el camino fácil, entregar sus servicios de tal forma que se adapte a la mayoría y no se preocupó por poblaciones específicas. Se han brindado cursos, capacitaciones y campañas para imponer el idioma castellano bajo el supuesto de dar más oportunidades arrinconando y despreciando las lenguas maternas de este sector de la población. Estoy convencido que la enseñanza del idioma español es necesario para incluir a estas personas en el desarrollo del país, pero ello debe darse de manera progresiva, respetando el idioma materno para impulsar la integración nacional y la mejor solución es, en la práctica, ser un Estado bilingüe. Lo que sucede, al parecer, es que el Estado percibe la diversidad lingüística como un problema y un obstáculo para el desarrollo del país. Por el contrario, esto debe representar un reto y un desafío para ensalzar la multiculturalidad del Perú y construir sobre ella los cimentos de la identidad nacional. Mutilar a los indígenas su lengua materna no soluciona el problema de la exclusión social, sino ensancha más las brechas de desigualdad que tanto daño nos hacen y perderíamos un valioso legado cultural.

De la misma forma, en que el Ministerio de Educación fomenta la enseñanza del idioma inglés (principalmente en las ciudades) también debería hacerse con las lenguas indígenas tal como es mencionado a continuación: “Una de las razones del desinterés de los hablantes de estos idiomas por reclamar su enseñanza es la influencia del mundo externo que lleva a la gente a aprender el Español, Inglés, entre otros; que sin duda contribuyen a la formación de cada persona, pero las instituciones ligadas al sector Educación como el MINEDU, no dan importancia a la Educación Intercultural Bilingüe” (Maggie Romaní Miranda: 2007)

El Estado ha tolerado la opresión, falta de oportunidades y discriminación del sistema alineador criollo hacia los indígenas que no hablan castellano. El Estado no ha mantenido un carácter de firmeza para mitigar el desprecio de los criollos hacia los idiomas nativos. No se han llevado a la práctica políticas de inclusión social para los no hablantes del español, para que gocen de las oportunidades que ofrece el presente crecimiento de nuestro país. Se ha dejado pasar por alto las muestras de discriminación hacia este sector por ‘‘hablar diferente’’ y siendo indiferentes a los problemas de comunicación existentes entre el Estado y los indígenas. El estado desde su organización siempre fue clasista, oligárquico y discriminador. En los años de República no se fomentó la participación en política de los quechua hablantes y se les restringió a estas personas derechos ciudadanos, como el voto.

Los niños, hijos de los pobladores indígenas que no hablan castellano, ya no quieren aprender su idioma natal, sienten vergüenza del este. Los niños son conscientes de las burlas y dificultades sociales que trae tener al quechua, aimara u otra lengua aborigen como materna. “Hay muy poca autoestima: el que habla quechua se avergüenza y cree que es mejor hablar castellano. Las muchachas llegadas a Lima de la montaña reniegan de su idioma. Los niños piden a sus padres que no les enseñen el idioma porque se ríen de ellos’’ (Demetrio Túpac Yupanqui 2010:2)

Estas personas sienten que su idioma ha perdido valor y no le sirve para salir adelante. ¿Cómo pueden pensar que su idioma natal les va a servir en su vida profesional si ni siquiera pueden emplearlo para ir al hospital, para poner una denuncia, para recibir clases escolares?

Finalmente, cabe destacar que, el Estado nunca ha beneficiado a este sector de la población del desarrollo y crecimiento económico del país. La sierra y selva ha estado descuidada y olvidada por muchos años, la falta de obras en estos lugares no favorece a su inclusión y bienestar. Según datos estadísticos del Censo Nacional de 2007 las regiones del Perú donde menos se habla el idioma castellano son Amazonas, Puno, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Ancash, Loreto, Ucayali y Madre de Dios y estas regiones, con excepción de Cusco, son unas de las más bajas en presupuesto de inversión pública (2007-2011) según el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo cual demuestra, que la falta de obras, la indiferencia y el olvido de llevar progreso en su mismo idioma son causas directas de la vergüenza que sienten los indígenas de sus lenguas..

Hago un llamado a la acción al gobierno actual para que inicie una reivindicación cultural y social con los pobladores indígenas de inmediato, revalorando su lengua materna como símbolo de identidad cultural del Perú. ¡Construyamos un Perú más unido, más justo y más solidario!

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABANTO, Alicia. 2012. ‘‘La Institucionalidad indígena en el Perú’’. Argumentos, revista de análisis y crítica. Consulta: 21 de mayo de 2013. <http://www.revistargumentos.org.pe/la_institucionalidad_indigena_en_el_peru.html>

ARDITO VEGA, Wilfredo. 2010  ‘‘La discriminación hacia la población rural en la administración de justicia’’. Lima

 NSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO. 1987 ‘‘Revitalización de lenguas en su contexto social’’. América Indígena. México D.F., año 47, volumen 47, número 4, pp. 647-651

 LI KWONG, MEI. 2006 ‘‘El genocidio de los quechua en el Perú entre 1980 y 1992’’. Lima.

 REPÚBLICA DEL PERÚ. 1993 ‘‘Constitución Política del Perú’’. Lima.

 ROMANÍ MIRANDA, Maggie. 2011 ‘‘Reflexiones sobre la enseñanza de lenguas indígenas y del español en un aula multilingüe de la Amazonía peruana’’. Yuyaykusun. Lima, época 2, número 4, pp. 309-317.

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